BUENOS AIRES (NA) — El escándalo de las vacunas VIP gestionadas por el ahora ex ministro Ginés González García sacudió al Gobierno en medio de una apuesta doble por mostrar un ambicioso plan de vacunación y desempolvar el llamado a un Consejo Económico y Social que logre dar previsibilidad a la macroeconomía.
Fuentes de Casa Rosada aseguraron a NA que sólo hay entre 10 y 15 personas que lograron vacunarse salteándose el orden y los mecanismos que imperan para el resto de la sociedad.
En ese sentido, desde el oficialismo, que ven lo sucedido como un durísimo “tiro en el pie”, apuntan ahora a minimizar al máximo los daños del escándalo que surgió tras las declaraciones del periodista Horacio Verbitksy.
“El Gobierno no puede perder 10 funcionarios en esto. Hay una línea delgada entre valorar que se despida a los responsables de un hecho así y asociar a gran parte del Gobierno con los manejos irregulares de las vacunas”, explicó a NA un analista político que suele asesorar a figurar del oficialismo.
La búsqueda del Frente de Todos aislar el problema lo máximo que se pueda y volcar casi la totalidad de la responsabilidad en el ex ministro González García, quien quiso atajar asegurando que fue un error de su “secretaría privada”.
En principio, se pensó que todos los funcionarios y dirigentes que habían pasado por el vacunatorio paralelo montado entre el Posadas y el Ministerio de Salud, pero prontamente se decidió resguardar a la mayor cantidad de dirigentes posibles.
En el oficialismo aseguran que va a costar apagar el escándalo y remarcan la necesidad de mostrar que a partir de ahora las vacunas serán gestionadas con absoluta transparencia.
Incluso en la Cámara de Diputados, varias figuras del Frente de Todos creen que se podría buscar trabajar en una ley del Congreso para definir el mecanismo de administración de las vacunas y las personas que deben integrar el órgano de control.
De todos modos, es una idea que todavía no ha evaluado el presidente Alberto Fernández, quien pasó días de alta tensión y descargó su enojo en más de un funcionario.
El incidente de las vacunas llegó justo cuando el Gobierno se proponía tomar el control de la agenda pública con el lanzamiento del Consejo Económico y Social encabezado por Gustavo Béliz, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación.
Frente al desorden de precios y la alta presión inflacionaria que se empezó a observar con toda su magnitud en diciembre del año pasado, el oficialismo apuntará ahora a dar señales de reparación de la macroeconomía, un pedido que numerosos empresarios ya hicieron llegar desde que gobierna Fernández.
Ahora, para recuperar el control de la agenda, será el ministro de Economía Martín Guzmán el que deberá trabajar para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para dar previsibilidad al sector privado.
De todos modos, se trata de negociaciones que difícilmente terminen pronto, ya que ni siquiera hay acuerdo con qué precio del dólar tomar para hacer los cálculos de las variables de la economía argentina.
Lo que el Gobierno dejó trascender con claridad es que “la puja distributiva”, entendiendo esto como el conflicto de “precios y salarios”, será el problema del año en la Argentina.
En ese sentido, fuentes de Casa Rosada a las que accedió NA ratificaron que el salario le debe ganar a la inflación en 2021 por entre dos y cuatro puntos porcentuales.
