BUENOS AIRES (NA) — Los intentos por mejorar los salarios de empleados públicos y las jubilaciones en términos reales en el largo plazo chocan con una realidad que impide llevar a cabo ese propósito, ya que en los últimos veinte años se duplicó la cantidad de beneficiarios.
De acuerdo con un análisis de la Fundación Mediterránea del 2000 al 2020 se pasó de 2,2 millones a 3,6 millones de agentes públicos en los tres niveles (nacional, provincial y municipal) en tanto la cantidad de jubilados subió de 3,3 millones a 6,8 millones, totalizando entre ambos un alza de 5,5 millones a 10,6 millones de personas.
Ese aumento en la dotación de personal y beneficiarios del sistema previsional generó un gasto acumulado extra de 1,2 billón de dólares entre 2002 y 2020, casi diez veces más que lo que se recaudó en el mismo período por retenciones (US$ 137.202 millones) o por el impuesto al cheque, creado “en forma transitoria” en 2001 (US$ 126.498 millones).
El trabajo de la Fundación asevera que el gasto en personal de la Argentina es el mayor en América Latina: en 2019 representó el 11,5% del Producto Interno Bruto, considerando los tres niveles de gobierno.
Brasil es el país que lo sigue, con un gasto en personal de 9,6% del PIB, también en tres niveles de gobierno, en tanto Chile, Uruguay y Perú (unitarios) y México (federal) gastan en personal en el sector público el equivalente a entre 5,8 y 7,2% del PIB.
“Podría decirse que se puede tener una cantidad exagerada de empleados públicos con salarios reales relativamente bajos, o una cantidad ajustada de agentes públicos con buenos salarios, pero a largo plazo resulta imposible tener un exceso de empleados estatales con salarios también altos.
Algo similar puede decirse para el caso del sistema previsional”, se sostuvo en el estudio realizado por los economistas Marcelo Capello y Jonás Alvarado.
En el informe, se consideró que “por un aumento exagerado en la cantidad de agentes públicos y jubilados/pensionados ocurrido entre 2003 y 2015, la suma del gasto en salarios y jubilaciones subió hasta niveles difíciles de sostener a largo plazo”.
“De hecho luego de 2015 sobrevino un proceso de ajuste en salarios y desde 2017 en los haberes jubilatorios, en términos reales, que se prolongó hasta el año 2020, y perdura aun en los primeros meses de 2021”, añadieron los autores.
Al respecto, precisaron que entre 2003 y 2017 el gasto real (no los haberes) de jubilaciones y empleo público aumentó un 190%, hasta que la imposibilidad de sostenerlo derivó en los últimos tres años en un ajuste del 12%.
Para los economistas, el “punto de inflexión” de este proceso “estuvo dado tras la fuerte suba del déficit fiscal hacia el final del segundo período de (Cristina) Fernández de Kirchner”, en el que el l déficit primario pasó de 0,2% en 2011 a 3,8% en 2015.
Ese alto desbalance se mantuvo alto en los dos primeros años de la administración Macri (-4,2% en 2016 y -3,8% en 2017), pero “una vez que ese déficit y el consecuente endeudamiento se volvieron insostenibles, comienza un fuerte ajuste fiscal implícito desde 2018, que se prolonga hasta 2020 y los primeros meses de 2021”.
Capello y Alvarado realizaron un análisis de la situación partiendo de la ecuación básica de la economía “P x Q” (precio por cantidad): “dado que ‘Q’ es inflexible a la baja, cuando las cantidades suben excesivamente, por ejemplo, amparado en un favorable contexto internacional, luego el ajuste vendrá por ‘P’, en el caso que nos ocupa, por los salarios públicos y los haberes jubilatorios reales, dado que los nominales también resultan inflexibles a la baja”. La conclusión de ese proceso, aseguraron, es que “la inflación termina licuando salarios y jubilaciones”.
