BUENOS AIRES (NA) — El Gobierno oficializó hoy la convocatoria al Consejo del Salario para el 16 de marzo, con el fin de definir un aumento del mínimo y de las prestaciones por desempleo.
La decisión se formalizó por medio de la Resolución 1/2022 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada en el Boletín Oficial.
Según lo dispuesto, ese Consejo -conformado por funcionarios, empresarios y sindicalistas- se reunirá el miércoles 16 de marzo a partir de las 15, mediante plataforma virtual.
Una hora antes, se reunirá la Comisión del Salario Mínimo y Prestaciones por Desempleo, para determinar el nuevo monto del haber mínimo y de las prestaciones por desempleo.
De acuerdo con la Resolución 11/2021 del 27 de septiembre del año pasado, el salario mínimo está en $33.000 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa, en tanto que para los trabajadores jornalizados el valor de la hora es de $165.
En aquella oportunidad, sindicalistas de la CGT y de la CTA y cámaras empresarias convinieron elevar el salario mínimo, vital y móvil de $29.160 a $33.000 pesos en tres tramos: 9% en septiembre de 2021, 4% en octubre de ese año y otro 3% en febrero último, que significó un aumento anual del 52,7%.
El ingreso mínimo sirve de referencia para los trabajadores informales y en el transcurso de 2021, fue ajustado en dos oportunidades, como consecuencia de la inflación.
Mientras tanto, el monto mínimo por desempleo quedó fijado en $9.167 y el máximo, $15.278.
La mejora a definirse en menos de dos semanas podría rondar el 40%, tanto para los haberes mínimos como para la prestación por desempleo, con la posibilidad de revisar ese porcentaje en función de la evolución de la inflación.
El Gobierno anticipó que la pauta de aumentos salariales para el sector formal trepará al 40% este año, pero con cláusulas de revisión en función del costo de vida.Ese porcentaje está por encima del 33% de inflación proyectado en el Presupuesto Nacional para 2022, que no fue aprobado por el Congreso, pero muy por debajo del 55% que estiman las consultoras privadas
