BUENOS AIRES (NA). — El proyecto de viviendas sociales “Sueños Compartidos”, que impulsaba la Fundación Madres de Plaza de Mayo, derivó en un escándalo de corrupción y una causa judicial que investiga el desvío de más de 200 millones de pesos.
La iniciativa habitacional tenía como uno de los principales referentes a Sergio Schoklender, cuyo nombre saltó a la fama en 1981 por haber asesinado a sus padres junto a su hermano, Pablo.
El plan de viviendas recibía fondos del entonces Ministerio de Planificación Federal, comandado por Julio De Vido, y, tras una investigación periodística en 2011, se determinó que Shoklender se aprovechó de la Fundación Madres de Plaza de Mayo para desviar dinero.
En la Justicia se estableció que el abogado contó “con la colaboración de otros empleados infieles de la Fundación, así como también de terceras personas y empresas que fueron utilizadas para dar apariencia lícita al dinero ilegítimamente percibido”.
En agosto pasado se habilitó el inicio del juicio en el que Sergio Schoklender es el principal acusado: el Tribunal de Casación Penal convalidó el rechazo al pedido de sobreseimiento del parricida.
La Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, declararon “inadmisible” el recurso extraordinario presentado ante el rechazo del recurso de casación.
Previamente, en diciembre de 2020, la misma Cámara Federal de Casación Penal había desestimado un planteo de Hebe de Bonafini en este expediente.
Uno de los momentos más álgidos del trámite de la causa fue en 2016, cuando la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo estuvo a punto de ser detenida tras negarse a comparecer ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi: un grupo de militantes kirchneristas y efectivos de la Policía Federal protagonizaron incidentes en las inmediaciones de la Plaza del Congreso, luego de que el magistrado tildara a la referente de los derechos humanos de “prófuga”.
“Si me tienen que meter presa, que me metan. No tengo miedo a las consecuencias. Para mí, lo más importante es la vida y el honor de mis hijos y de los 30 mil desaparecidos”, había manifestado en declaraciones radiales.
Finalmente, Martínez De Giorgi aceptó indagar a Hebe de Bonafini en la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Uno de los últimos movimientos judiciales de Bonafini en este expediente fue escasos días atrás: a comienzos de noviembre presentó un escrito pidiendo la extinción de la acción penal por afectación del derecho de ser juzgada en un plazo razonable.
