Dejó sin tutela a un sindicalista que ordenaba paros sin fundamentos y profería amenazas a sus jefes. El ñoqui quedó al borde del despido
El año cierra con una buena nueva, que muestra a las claras el cambio de época y ratifica el consenso social e institucional para poner en su lugar a los que se aprovechan del esfuerzo de los demás y ponen palos en la rueda del crecimiento.
A poco de que el 2024 baje el telón se supo que la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche resolvió excluir de la tutela sindical a un delegado de la minera Sol Minerales y Servicios S.A. que presta funciones en la localidad rionegrina de Jacobacci. El sujeto este había incurrido en conductas de abuso gremial, paros arbitrarios, amenazas hacia personal jerárquico y episodios de violencia de género.
En su sentencia, los camaristas destacaron que “las acciones del demandado configuraron una pérdida de confianza irreparable para la empresa, al imponer medidas que vulneraron los principios de buena fe y respeto necesarios en el ámbito laboral”.
El proceso incluyó pruebas y testimonios que detallaron un patrón sostenido de conductas irregulares desde 2017, agravadas en 2023 con interrupciones de tareas, actitudes intimidatorias y agresiones verbales hacia colegas y superiores, algunas de las cuales fueron catalogadas como violencia de género. El patoterismo sindical es un flagelo que durante años ofició de ancla al progreso del país. Lo nuevo es que la inconducta comenzó a ser castigada.
Licencia de ñoqui
Entre las principales irregularidades, el tribunal señaló el uso excesivo e injustificado de licencias gremiales. El sujeto acumuló 98 días de ausencias en 2023 sin aviso formal y sin permitir a la empresa organizarse adecuadamente. Era básicamente un delegado con licencia de ñoqui.
Además, se probaron medidas como asambleas irregulares y paros unilaterales, realizadas sin cumplir los requisitos legales y sin mediar reclamos formales previos. Estas acciones generaron pérdidas económicas para la empresa estimadas en 26 millones de pesos.
“El ejercicio de un cargo gremial no puede entenderse como una carta blanca para llevar adelante acciones arbitrarias que afecten tanto al empleador como a los derechos de otros trabajadores”, advirtieron los jueces.
La resolución permite a la empresa finalizar el vínculo laboral y lo responsabiliza por las costas del proceso judicial. La sentencia, que no está firme y puede ser apelada, marcó que el comportamiento del delegado tuvo un impacto negativo tanto en la empresa como en los empleados bajo su representación, quienes también fueron afectados por las decisiones irregulares y las actitudes violentas.