BUENOS AIRES – El sector turístico afronta en la actualidad un panorama en exceso agobiante, que lo hace luchar por sobrevivir, con pérdidas inconmensurables, ante las restricciones de viajes y las cuarentenas, que si bien protegen el recurso más preciado que es la salud y la vida de las personas, significan una amenaza a la recuperación de la economía mundial y por consiguiente de nuestro país.
El presidente Alberto Fernández ha decidido prorrogar las restricciones en el ingreso de argentinos desde el exterior mediante una Decisión Administrativa, con diferencias casi imperceptibles a la que establecía un control mucho mayor sobre las fronteras aéreas disponiendo cupos hasta el 9 de julio pasado.
Las compañías aéreas, que han hecho enormes esfuerzos para garantizar una conectividad segura del país, se ven obligadas a reducir y modificar sus horarios para poder lograr un mejor equilibrio entre costos y rentabilidad, a pesar de las drásticas restricciones operativas que ya existen.
Esta seguidilla de medidas ha motivado que cientos de pasajeros argentinos puedan quedar varados en distintos países sin posibilidad de regresar, situación ésta a la que debe agregarse que muchos vuelos internacionales ya hayan tenido que comenzar a ser cancelados o reprogarmados.
De acuerdo con datos obtenidos por Aviacionline a través de Cirium, en base a las programaciones de las compañías aéreas en julio, Argentina es el país más retrasado en el proceso de recuperación de vuelos internacionales.
Las compañías aéreas ya han expresado que no pueden aplicar las decisiones administrativas suscritas por el señor jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dado que como mínimo deberían informar de manera más certera la forma en la que han establecido los cupos diarios que parecen responder a un criterio absolutamente discrecional.
Estas medidas del Gobierno de reducir la cuota de ingresos aéreos afectaron ya fuertemente a las compañías áreas, violando inclusive derechos adquiridos por los usuarios, operando una suerte de efecto retroactivo, ya que a la fecha varias compañías aéreas han recibido cancelaciones de los vuelos que estaban aprobados hasta fin de mes, incluso algunas fueron informadas en el mismo día del vuelo, lo cual deja a muchos pasajeros con la inesperada sorpresa de no poder regresar.
Pero no solo las compañías aéreas están preocupadas, también lo están las agencias de viajes, que han intermediado en la contratación de estos viajes que ahora podrían quedar inconclusos, tal como ocurrió en los momentos de cierres de fronteras más estrictos, en 2020.
Las medidas anunciadas siguen afectando el desempeño del sector y en especial, a las agencias de viajes que cumplen un rol clave en la comercialización del turismo.
La incertidumbre generada abre incógnitas de cara a la temporada invernal que ya se vive en algunas provincias del país, poniendo en jaque la planificación de las vacaciones de invierno, cortando las expectativas y con ello afectando una vez más al tan bastardeado sector turístico.
En ese sentido, las cifras oficiales muestran una caída del 77% en la cantidad de arribos y partidas, por lo que este nuevo cierre pone al sector en una situación todavía más crítica, que se traduce en volver a cero la incipiente recuperación de la actividad y reducir aún más la conectividad de Argentina con el mundo.
Para nuestro país, medidas de estas características, además de impactar fulminantemente en la actividad económica del sector viajes, podrían desencadenar también importantes consecuencias de pérdida de rutas y líneas aéreas.
Especialistas en el sector han afirmado que el mercado de cabotaje viene experimentando un retroceso que se puede atribuir en parte a la pandemia, pero también a la política aerocomercial que decidió asumir este Gobierno y que, si bien 2020 fue un annus horribilis en todo el mundo, en la Argentina fue incluso peor.
En marzo se suspendieron los vuelos, en junio Latam, el segundo jugador del mercado, anunciaba el cese de actividades.
Si bien la pandemia influyó en la decisión, lo cierto es que la compañía venía golpeada por las sucesivas devaluaciones y la gran conflictividad de los gremios locales.
A Latam le siguió Flyest y para noviembre de 2019 ya se había retirado del mercado de cabotaje Norwegian Air Argentina. Sus operaciones fueron compradas por Jetsmart.
Con la transacción, la compañía de capitales estadounidenses se aseguraba sumar el Aeroparque porteño a las operaciones que, hasta el momento, realizaban desde el aeropuerto de El Palomar, aeroestación bonaerense, que en poco tiempo se convirtió en la tercera del país por su movimiento aéreo, apenas por detrás de Ezeiza y Aeroparque; pero resultando la vida de esta terminal demasiado breve.
El 15 de diciembre pasado El Palomar fue cerrado para operaciones comerciales; y con Aeroparque cerrado por reformas, durante un tiempo, todas las operaciones se concentraron en Ezeiza, que además es la única terminal habilitada para operar vuelos que lleguen del exterior, a raíz de la emergencia sanitaria.
Toda esta situación repercute fuertemente en los aeropuertos internacionales situados en las provincias, los que en los últimos años habían empezado a recibir una mayor cantidad de viajes internacionales, ya que hasta marzo del año pasado tenían autonomía y podían solventar los gastos de mantenimiento, pero ahora han vuelto a depender de aportes provinciales.
Hoy sólo se operan vuelos a Buenos Aires. De esta manera la política aerocomercial no está al servicio de mejorar la conectividad o el acceso al transporte aéreo, sino de proteger a la línea aérea de bandera, mientras que las compañías internacionales deben soportar los costos sin tener ayuda alguna del Gobierno.
Más aún, la fundamentación dada por el Gobierno de proteger a los argentinos de la variante Delta, es absolutamente contradictoria con la publicación de OSINSA (Observatorio Sindical de la Salud Argentina) por medio de la cual Gamaleya advierte que la Sputnik V es la vacuna más efectiva contra la variante Delta, por lo que no se entiende el supuesto desconocimiento de la efectividad de la vacuna cuya fabricación nacional fue anunciada con tanta efervescencia por el propio Gobierno a principios de junio y mucho menos su utilización como argumento para dejar desprotegidos a miles de conciudadanos que se encuentran en el extranjero por diversos motivos, y llevar al abismo a las compañías aéreas y al sector turístico todo.
