Como ha venido ocurriendo en la mayoría de los procesos electorales celebrados desde que se desató la pandemia, los resultados de las PASO en nuestro país se constituyeron en un verdadero “cisne negro”.
La inédita, imprevista y aplastante derrota del oficialismo generó una crisis política aún en desarrollo.
¿Qué impacto puede tener sobre la economía? Si los resultados de noviembre reproducen los de septiembre, ¿se ingresará en una etapa similar a la vivida por el gobierno de Raúl Alfonsín, tras el triunfo de Antonio Cafiero en las elecciones de la provincia de Buenos Aires de 1987, caracterizada por una agonía política y económica que culminó con la entrega anticipada del poder en julio de 1989?. El presidente Alberto Fernández anunció: “Lo que hicimos mal, lo corregiremos”.
¿Qué puede ello significar? Todo depende de qué se entienda que se ha hecho mal. En principio, cabe vislumbrar dos rumbos alternativos.
El primero es interpretar el mensaje de las urnas como un voto en favor de una liberalización de la economía. En abono de esta interpretación, cabe señalar que, por primera vez en muchos años, un 25% del voto de la ciudad de Buenos Aires respaldó propuestas de contenido profundamente liberal, como hacía tiempo no se escuchaban en el país.
Claro está que un cambio de rumbo en esta dirección -por moderado que sea- requeriría de un acuerdo con algún sector de la oposición para darle sustento en el Congreso de la Nación y viabilidad política.
En tal caso, un rápido acuerdo con el FMI, una flexibilización del cepo cambiario, una actitud más amigable hacia la inversión privada y un fomento de la radicación de capitales -sin restricciones geopolíticas- en actividades clave como el litio, Vaca Muerta, la obra pública, las industrias de la salud, la economía del conocimiento y el sector agroindustrial podrían ser parte de una agenda desarrollista que permita revertir esta nueva década perdida.
Ello iría acompañado de un plan que permitiera reducir drásticamente la inflación, en base a un conjunto de instrumentos monetarios, fiscales y de política de ingresos coherentes que posibilite llegar a 2023 con una variación anual de precios de un solo dígito.
La segunda alternativa es interpretar que la debacle electoral puede contrarrestarse “poniendo plata en el bolsillo de la gente”.
A tal efecto, habría un aumento general de salarios y jubilaciones para las escalas más bajas y se incrementaría el gasto social y la obra pública, procurando neutralizar su impacto inflacionario mediante el uso de una cuasi-moneda para su financiamiento.
A ello se sumaría una estricta política de control de precios con fuertes sanciones a quienes no la acaten.
Este paquete probablemente requiera de un cepo reforzado que se extendería al mercado “blue”.
Sin embargo, esta estrategia tropezaría con la dificultad que plantea para su implementación un Gobierno debilitado y fracturado. ¿Por cuál alternativa optará el Gobierno? La moneda está en el aire.
