“La ordenanza no obliga a los vecinos a pagar el recambio”, aseguró la concejal.
SENILLOSA (ED). — La concejal Alicia Villa defendió la iniciativa aprobada por el Concejo Deliberante sobre el recambio de postes de madera y aseguró que la norma establece un reemplazo gradual. Negó que exista una obligación inmediata de cambiar todos los postes o que se hayan fijado costos para los frentistas.
Tras la polémica generada por la reciente aprobación que impulsa el recambio, la concejal autora del proyecto llevó tranquilidad a los vecinos ante las versiones que advertían sobre posibles costos millonarios trasladados a la comunidad.
La edil, autora de la iniciativa junto al concejal Reyes, reconoció que algunas interpretaciones difundidas días atrás generaron confusión respecto del verdadero sentido de la ordenanza.
“Es importante aclarar que la ordenanza no establece el reemplazo inmediato de todos los postes de madera de la ciudad”, remarcó Villar y amplió que los artículos hablan de una “sustitución progresiva” que priorice los sectores con mayor deterioro o riesgo para la seguridad pública.
La concejal aseguró que “la norma no fija contribuciones de mejoras ni establece que los vecinos deban afrontar costos directos por el recambio de los postes. Tampoco determina montos específicos”.
Villar agregó que “la propia ordenanza otorga un plazo de 180 días para su reglamentación, período durante el cual el Departamento Ejecutivo deberá coordinar con los organismos y empresas prestatarias los mecanismos de implementación correspondientes”.
Durante ese proceso podrán analizarse situaciones particulares y excepciones, siempre bajo el criterio de proteger el interés general y la seguridad de la comunidad.
Villar sostuvo que la iniciativa nació a partir de reclamos vecinales vinculados al deterioro de numerosos postes de madera instalados en la localidad que presentan “riesgos para la seguridad de las personas, los bienes y la continuidad de los servicios”.
Recalcó que el espíritu de la ordenanza al sostener que busca “prevenir accidentes, mejorar la calidad de los servicios, proteger el ambiente y planificar el crecimiento de nuestra ciudad con una visión de largo plazo”.
“Las diferencias de opinión son legítimas y enriquecen la democracia, pero es fundamental que la discusión pública se base en el contenido real de la ordenanza y no en interpretaciones que puedan generar preocupación innecesaria”, completó Villar.
